El 90% de los jueces secunda la huelga en defensa de su independencia ante el Gobierno
Los juzgados italianos permanecieron ayer vacíos a consecuencia de una huelga de jueces y fiscales contra el proyecto de reforma de la justicia impulsado por el Gobierno de Silvio Berlusconi. La protesta tuvo un seguimiento masivo, estimado en el 90% por la Asociación Nacional de Magistrados. El ministro de Justicia, Roberto Castelli, afirmó que la huelga era "política" y "basada en mentiras".
Los magistrados, en cambio, la definieron como "un último recurso" contra una reforma que, según ellos, tenía el objetivo encubierto de acabar con la independencia judicial. Los partidos de izquierda apoyaron a los jueces.
No era la primera huelga contra Castelli. Ya se realizó una en 2002, con un seguimiento muy alto, pero no tanto como el alcanzado por la de ayer. El núcleo del conflicto estaba en la autonomía de los fiscales, que en Italia forman parte del mismo cuerpo que los jueces y gozan de la potestad de abrir sumarios sin requerir autorización de nadie. Ése fue el mecanismo que permitió la operación anticorrupción conocida como Manos Limpias, que devastó la Democracia Cristiana y el Partido Socialista a principios de los noventa.
El Gobierno de Berlusconi quiere separar las dos carreras, la de juez y la de fiscal; quiere establecer un sistema de ascensos meritocrático, basado en los concursos, en lugar del actual escalafón por antigüedad; quiere dificultar las excedencias temporales de los magistrados (para evitar que pasen a la actividad política y retornen a su antiguo puesto cuando les convenga) y, sobre todo, quiere dotar de más poder y mejores sueldos a los miembros del Tribunal de Casación y a los jefes de cada oficina judicial. Este último extremo es considerado por la Asociación Nacional de Magistrados un paso hacia la jerarquización de la fiscalía y hacia el control gubernamental.
La casi unanimidad suscitada por la protesta fue favorecida por la depauperación económica de los tribunales italianos. El ministro Castelli reconoció las dificultades materiales del sistema judicial, pero alegó que venían de antiguo y no las había provocado él. "Me parece un absurdo que no todos los magistrados tengan despacho, pero esa carencia existía antes de que llegara yo", dijo. "¿Es culpa mía si en los tribunales falta papel higiénico o hay ratones? El presupuesto de la Justicia ha pasado de 6.060 millones de euros en 2001 a 7.726 millones en 2004, lo que supone un aumento del 27%, y estoy impulsando 81 proyectos de construcción o reestructuración de juzgados", explicó.
Edmondo Bruti Liberati, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, que engloba a todas las asociaciones profesionales, consideró por su parte que el éxito de la huelga demostraba que la reforma era "valorada negativamente por el conjunto de la profesión". Sólo se trabajó, en general, en casos cercanos a la prescripción, como el seguido contra Cesare Geronzi, presidente de Capitalia; en aquellos donde se había llamado a declarar a testigos residentes lejos del tribunal, y en asuntos en los que debía dirimirse la puesta en libertad inmediata de un acusado.
Más de 5.000 enmiendas
La huelga dejó en situación muy delicada los planes de reforma. El proyecto de ley gubernamental ha sido objeto de más de 5.000 enmiendas parlamentarias por parte de la oposición de centroizquierda, y algunos miembros de la coalición conservadora de Silvio Berlusconi empiezan a aconsejar una retirada estratégica, por la vía de aceptar enmiendas y devolver el texto a comisión. Eso, en la practica, supondría un aplazamiento de la reforma, al menos hasta la próxima legislatura. Roberto Castelli aseguró que cualquier modificación al texto del Gobierno supondría la paralización total. "El tiempo se ha acabado. Yo lo he intentado", declaró el ministro, "he hecho lo que he podido. Ahora es el momento de decidir si la reforma se hace o no se hace".
ENRIC GONZÁLEZ - Roma
EL PAÍS Internacional - 26-05-2004
Los juzgados italianos permanecieron ayer vacíos a consecuencia de una huelga de jueces y fiscales contra el proyecto de reforma de la justicia impulsado por el Gobierno de Silvio Berlusconi. La protesta tuvo un seguimiento masivo, estimado en el 90% por la Asociación Nacional de Magistrados. El ministro de Justicia, Roberto Castelli, afirmó que la huelga era "política" y "basada en mentiras".Los magistrados, en cambio, la definieron como "un último recurso" contra una reforma que, según ellos, tenía el objetivo encubierto de acabar con la independencia judicial. Los partidos de izquierda apoyaron a los jueces.
No era la primera huelga contra Castelli. Ya se realizó una en 2002, con un seguimiento muy alto, pero no tanto como el alcanzado por la de ayer. El núcleo del conflicto estaba en la autonomía de los fiscales, que en Italia forman parte del mismo cuerpo que los jueces y gozan de la potestad de abrir sumarios sin requerir autorización de nadie. Ése fue el mecanismo que permitió la operación anticorrupción conocida como Manos Limpias, que devastó la Democracia Cristiana y el Partido Socialista a principios de los noventa.
El Gobierno de Berlusconi quiere separar las dos carreras, la de juez y la de fiscal; quiere establecer un sistema de ascensos meritocrático, basado en los concursos, en lugar del actual escalafón por antigüedad; quiere dificultar las excedencias temporales de los magistrados (para evitar que pasen a la actividad política y retornen a su antiguo puesto cuando les convenga) y, sobre todo, quiere dotar de más poder y mejores sueldos a los miembros del Tribunal de Casación y a los jefes de cada oficina judicial. Este último extremo es considerado por la Asociación Nacional de Magistrados un paso hacia la jerarquización de la fiscalía y hacia el control gubernamental.
La casi unanimidad suscitada por la protesta fue favorecida por la depauperación económica de los tribunales italianos. El ministro Castelli reconoció las dificultades materiales del sistema judicial, pero alegó que venían de antiguo y no las había provocado él. "Me parece un absurdo que no todos los magistrados tengan despacho, pero esa carencia existía antes de que llegara yo", dijo. "¿Es culpa mía si en los tribunales falta papel higiénico o hay ratones? El presupuesto de la Justicia ha pasado de 6.060 millones de euros en 2001 a 7.726 millones en 2004, lo que supone un aumento del 27%, y estoy impulsando 81 proyectos de construcción o reestructuración de juzgados", explicó.
Edmondo Bruti Liberati, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, que engloba a todas las asociaciones profesionales, consideró por su parte que el éxito de la huelga demostraba que la reforma era "valorada negativamente por el conjunto de la profesión". Sólo se trabajó, en general, en casos cercanos a la prescripción, como el seguido contra Cesare Geronzi, presidente de Capitalia; en aquellos donde se había llamado a declarar a testigos residentes lejos del tribunal, y en asuntos en los que debía dirimirse la puesta en libertad inmediata de un acusado.
Más de 5.000 enmiendas
La huelga dejó en situación muy delicada los planes de reforma. El proyecto de ley gubernamental ha sido objeto de más de 5.000 enmiendas parlamentarias por parte de la oposición de centroizquierda, y algunos miembros de la coalición conservadora de Silvio Berlusconi empiezan a aconsejar una retirada estratégica, por la vía de aceptar enmiendas y devolver el texto a comisión. Eso, en la practica, supondría un aplazamiento de la reforma, al menos hasta la próxima legislatura. Roberto Castelli aseguró que cualquier modificación al texto del Gobierno supondría la paralización total. "El tiempo se ha acabado. Yo lo he intentado", declaró el ministro, "he hecho lo que he podido. Ahora es el momento de decidir si la reforma se hace o no se hace".
ENRIC GONZÁLEZ - Roma
EL PAÍS Internacional - 26-05-2004
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